Profesionista de la información que trabajó en El Heraldo de México, Excélsior, Proceso, unomásuno y ahora en el diario Imagen, Vizcaíno denunció formalmente el asunto ante las autoridades porque resulta que los periodistas no sólo son atacados por el crimen organizado sino también por la clase política.

La primera parte del texto de Vizcaíno dice lo siguiente:

Sr. Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,

Sr. Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam,

Sr. Coordinador General de Comunicación Social, David López Gutiérrez,

Amigos, compañeros de los medios:

“Dedico hoy el espacio habitual de mi columna política para informarles que he sido amenazado de muerte por el gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez.

“Las amenazas surgen luego de que, hace una semana, dediqué uno de mis textos a exponer lo que veo ocurre hoy en aquel estado del norte de México.

“En mi columna Tras la Puerta del Poder que se publica de lunes a viernes en Diario Imagen y otros muchos periódicos impresos en el país, así como en portales especializados en información política de Internet, especialmente en www.endirecto.mx, bajo el encabezado de, “César Duarte… mentiras y abusos peligrosos”, indiqué el martes 7 que el regreso de las ejecuciones y otros acontecimientos, como la persecución a un importante empresario local y exdirigente de Coparmex en Ciudad Juárez evidenciaban una rápida descomposición en Chihuahua previa las elecciones locales del 7 de julio próximo.

“En respuesta recibí dos amenazas de muerte –una a través de mi correo electrónico y otra desde un teléfono no identificable-, así como varias advertencias desde el entorno del mandatario estatal. Aunadas a otros hechos –un intento de incendio del negocio del empresario referido en mi columna, y el asalto, agresión y simulación de ejecución a uno de sus hermanos, así como el ambiente de locura en que vivimos y en el que por 10 mil pesos cualquiera contrata un sicario-, esas amenazas y advertencias me llevaron a denunciar al mandatario, o quien resulte responsable, ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión -antes de defensa de los periodistas-, que depende de la Procuraduría General de la República.”

Para Vizcaíno, la ira del gobernador de Chihuahua se derivó de una denuncia que hizo sobre el caso del ex presidente de la Coparmex en Ciudad Juárez, Carlos Chavira, un asunto que ha sido tratado también en Indicador Político: el gobernador operó presiones locales contra Carlos Chavira para sacarlo de circulación e impedir que compitiera por la presidencia nacional de Coparmex, como parte de una maniobra avalada por el entonces dirigente saliente de la organización y hoy presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, el oaxaqueño Gerardo Gutiérrez Candiani.

El gobernador Duarte, aliado al hoy presidente del CCE, le echó encima a Chavira todo el aparato judicial estatal con un expediente basado en falta de pruebas. Hoy Chavira tiene una orden de aprehensión en su contra por un supuesto faltante de dinero en el pago al conjunto Maná que había sido negociado por la empresa OCESA. El asunto caminó judicialmente por la presión política del gobernador. Atado por el expediente judicial, Chavira no pudo competir por la presidencia de Coparmex y Gutiérrez Candiani impuso a un propio para tapar algunas presuntas irregularidades en el organismo empresarial.

Vizcaíno documentó con datos y señales la persecución política contra Chavira, con textos ampliados que se encuentran hoy en www.grupotransicion.com.mx. El asunto se complicó por la ceremonia religiosa pública que celebró Duarte para “consagrarse” al Sagrado Corazón de Jesús y, según registró el columnista Jorge Fernández Menéndez en Excelsior, la aceptación por Duarte de un caballo con un valor de cien mil dólares. Lo grave fue la ceremonia religiosa como una especie de te deum que realizó al aire libre y en horas de trabajo el gobernador, lo que provocó la ira de priístas que luchan por la laicidad del Estado y del poder político.

A ello se refirió el político Rodolfo Echeverría, de larga trayectoria en el PRI y promotor activo de la laicidad del Estado, en su columna el pasado viernes 10 de mayo en El Universal:

“El gobernador del estado (de Chihuahua) violó la Constitución y diversos preceptos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Además, contravino la Declaración de Principios del PRI, su partido, que también es el mío”.

Lo paradójico, como lo recordó Echeverría, fue el hecho de que la pasada legislatura de diputados aprobó la reforma de laicidad del Estado y Duarte era diputado. “El gobernador Duarte está obligado a ceñir todo lo concerniente a su actuación como ejecutivo del estado a la juricidad laica”. Asimismo, Echeverría le recordó a Duarte lo que dicen los documentos básicos del PRI: “no aceptamos apoyo económico, político o propagandístico que provenga de extranjeros, ministros de culto, de asociaciones u organizaciones religiosas”.

Pero lo grave ha sido la persecución del gobierno de Chihuahua contra un empresario por razones de lucha por la presidencia de la Coparmex en base a un expediente cargado de irregularidades que colocan al empresario Chavira como protagonista del documental Presunto Culpable en la vida real, como en los viejos tiempos del PRI, por la alianza perversa entre Duarte y Gutiérrez Candiani, un gobernador y un presidente de la más importante cúpula empresarial, el CCE.